Cuentan por ahí que los narcos ya tiemblan después del anuncio del mando único para Chihuahua.

Fueron saqueadas las tesorerías de todos los centros de cobranza y administración de Luz y Fuerza del Centro (LFC) al ejecutar su extinción y se llevaron cheques, efectivo, cajas chicas y valores. Fue un robo de miles de millones de pesos, denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, luego de informar que este fin de semana se levantó el plantón del Zócalo y hoy se instalan tres campamentos en Tlalpan, Ecatepec e Iztapalapa.

Esparza explicó que dichos campamentos tienen la finalidad de atender en estas zonas a los afectados por las fallas y caídas del servicio de energía eléctrica. Incluso van a salir brigadistas a hacer reparaciones y esta tarea la van a realizar con sus propios recursos y “a pesar de que la Secretaría de Gobernación dijo que no a la propuesta que hizo el SME para enviar a los trabajadores despedidos a hacer dichas reparaciones.

No aceptaron el ofrecimiento del sindicato para reparar las fallas ni plantearon alternativas de solución; prefirieron que la población sufra las consecuencias de la falta del servicio, que se inundaran las zonas por la falta de bombeo. Pero vamos a revisar las zonas sin luz, se va a hacer un censo de los los postes tirados, las redes que están colapsadas, completamente fuera de servicio, vamos a hacer lo podamos, queremos ayudar, si se trata de revisiones, acometidas en casas habitación, lo que podemos hacer, dijo.

La intención es que los trabajadores salgan en grupos de 10 a hacer estas reparaciones, dijo, y cuestionado respecto de si no se tendrán problemas legales los electricistas que participen de estas tareas, respondió que la electricidad es un servicio de primera necesidad y que no los pueden acusar de nada por hacer este trabajo. Tampoco de sabotaje, “porque vamos a hacer un servicio público que ellos no pueden hacer y está demostrada su ineficiencia.

Los ex trabajadores de LFC realizaron ayer una asamblea en el auditorio del Sindicato Mexicano de ElectricistasFoto Cristina Rodríguez

Lo que vamos a hacer no es un delito; delito es dejar a la gente sin luz, porque se está afectando la economía de al menos medio millón de familias que no tienen en este momento el servicio y de los miles de comercios, que incluso están quebrando, añadió.

Entrevistado al término de la clausura de la reunión preparatoria del congreso social que se llevó a cabo en el SME, indicó que hay una serie de irregularidades que el gobierno no ha explicado, porque por un lado fundamentó falsamente la extinción de LFC en las supuestas transferencias que se hacían a la paraestatal, y por el otro, ha permitido el saqueo vil y descarado de las instalaciones, el robo de millones de pesos que había en las tesorerías al momento de la aplicación del decreto. Dinero del cual no se sabe nada e incluso se señala que se sanearon las finanzas de la empresa cuando había mil 600 millones de pesos de subejercicio del gasto. Nada cuadra.

También informó que la CFE ya tiene listos los nuevos medidores que se han empezado a instalar, los cuales, traen el sistema de prepago del servicio, es decir, los usuarios tendrán primero que pagar lo que esperan consumir durante el mes o el bimestre a través de un esquema de tarjetas o prepagos, y cuando su saldo se acabe tendrán que volver a cargar el servicio, el cual, además, ya no tendrá subsidio.

Por último, se refirió al plantón que tenía instalado el SME en el Zócalo y dijo que ya se levantó y que todos los trabajadores se van a mover para concentrarse en los campamentos de Ecatepec, Iztapalapa y Tlalpan.

La verdad, ya no tiene chiste ser joven. Antes era más divertido, soñador y hasta prestigioso. Los jóvenes en México conocen hoy la sangre demasiado pronto, y de maneras mucho más terribles que en el pasado. No podemos reprocharles que les urja ser grandes y se comporten como tales desde temprana edad. Mueren estadísticamente, sin heroismo, de manera absurda.Lejos de Se llevaron el cañón para Bachimba o los estudiantes de los años 60 del siglo pasado, son carne de cañón de los juegos de guerra de los grandes. No es que quieran crecer, no les queda de otra en una cultura cotidiana de familias a cargo exclusivamente de mujeres que trabajan, con los varones en fuga o metidos en sus cosas, entre el dinero y los excesos (de adrenalina al menos), en búsqueda y ejercicio de poder. Así, miles, quizá millones de niños y jóvenes pronto han de ser responsables, si no de madre y hermanos, por lo menos de sí mismos.

Y han de hacerlo en un mundo extraordinariamente hostil. Estudiar es un problema, sobre todo económico; la educación gratuita amarillea en las leyes y tiende a desaparecer. Aún las escuelas de paga son, con frecuencia, de bajo nivel en una sociedad progresivamente iletrada, educada por la industria del entretenimiento a las afueras del consumismo, que no otorga lugar a lo que solíamos llamar educación y cultura. El gobierno calderonista, con el cinismo que lo caracteriza en otras materias, en cuanto a educación es claro: ésta carece de verdadera importancia.

Que se encumbre la impresentable mafia de La Maestra, que se masifiquen los exámenes y se borre de los programas al pasado anterior a Cortés, la necesidad de la filosofía, de la fisiología del sexo, de la costumbre de decir la verdad. Es más fácil que el gobierno se ahorre su oficina en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a que lo haga con sus lobbies petroleros o turísticos, o en los organismos financieros y comerciales de la metrópoli.

Además, sabes qué, chavo, trabajo no hay. Ni te hagas las ilusiones. Si quieres, migra, que cada día es menos la solución, pero haz la lucha. Eso sí puedes.

Más pronto que tarde los jóvenes se ven arrojados a un mundo real lleno de peligros y sin mucho sentido, pero imperioso y adictivo, ganado por la violencia. Las calles de México (especialmente en las ciudades del norte, de por sí acostumbradas al color del dinero) se han convertido en un campo de batalla, donde la dichosa línea divisoria entre lo bueno y lo malo que cacarean y dan por sentada el Presidente, su corte de abogados rijosos y los obispos vociferantes, es borrosa o de plano inexistente.

El prohibicionismo estadunidense ha servido siempre como acelerador del capitalismo bruto. Lo comprobó durante la prohibición del alcohol, que hizo florecer los Capone y los Dillinger. Lo logró con la narcotización de la vida social en Colombia, para incrementar su mercado interno de drogas y mantener precios competitivos. Lo hace hoy con México, aupado en el reforzamiento positivo del Plan Mérida, que sólo alimenta la unilateral, inútil y desestabilizadora guerra contra el crimen organizado.

Así que estas calles peligrosas las debemos a que el vecino del norte cotiza y consume las mercancías que acá generan inestables imperios de dólares y balas y pudren las bases de la convivencia social. (Y de paso florece el mercado, tampoco desdeñable, de las armas de fuego). ¿Cuánto le toma a un estudiante listo, impaciente, quizá ambicioso, entrar de ayudante de Zetas, Familias o el grupo que quieras, para cobrar la protección en los mercados, los Oxxo y los talleres mecánicos? O ayudar con la nómina, mover estos paquetitos, entregar a las señoritas de la cajuela, llevar este recado. A ver si eres tan hombrecito, cabrón.

La matanza de muchachos en un barrio de Juárez no puede reducirse a la sospecha: es que andaban en malos pasos, insidiosamente soltada por el gobierno desde el primer momento, sin pruebas, y como si eso lo eximiera de responsabilidad o justificara algo.

¿Es acaso culpa de los chavos que hacer una fiesta o ir a una pueda resultar un trampa mortal? Hoy todo lo importante, se nos dice, ocurre en bailes y Bares-Bares que tienden a convertirse en fiestas de balas. Un reventón en Mochis, Juárez o Cuernavaca es tan peligroso como una boda en Afganistán. No se sabe de quién es la party o quiénes pueden estar entre los invitados, ni qué comando motorizado decidirá darse una vueltecita.

En las calles sucede la vida. Las muchachas caminan en riesgo permanente de ser secuestradas, violadas o algo peor. Y eso no les quita las ganas, la necesidad muy juvenil y justificada de divertirse.

Ahora sí que, como reza la hipócrita y discriminatoria propaganda contra la piratería, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que lo que cuenta no es conquistar y defender derechos, sino adquirir fuerza y poder, no importa para qué. Que el respeto se gana infundiendo miedo. Que la vida de los otros, los culeros, los malos, no vale nada. Ni la propia, a fin de cuentas.

La mejor vía para reducir la distancia entre ciudadanos y partidos políticos no es a través de la incorporación de candidaturas independientes financiadas por los poderes fácticos, sino con la verdadera democratización de estos institutos políticos. En lugar de confrontar, en un juego de suma cero, a los partidos con una ciudadanía abstracta y supuestamente pura, habría que tomar por sorpresa a los partidos inundándolos de una verdadera y activa participación social.

No hay duda de que en la actualidad los partidos están capturados por una clase política más interesada en sus propias asuntos y negocios que en el bienestar del país. Pero sería un grave error tirar el agua sucia con todo y el niño. La eventual desaparición o marginación de los partidos políticos abrirá el escenario para la llegada al poder de una amplia gama de populistas de derecha cuyos únicos méritos serán sus lindas caras o sus capacidades escénicas.

Urge impulsar reformas legales que ciudadanicen y democraticen los institutos políticos. Por ejemplo, habría que crear una nueva ley de partidos que norme el funcionamiento de estas entidades de interés público para obligarlos a incorporar voces ciudadanas a su estructura, programa y candidaturas. Desde luego también habría que someter a los partidos, y a sus grupos parlamentarios, a un estricto régimen de transparencia. No existe justificación alguna para mantener el actual estado de excepción de que gozan los partidos en materia de acceso a la información pública.

Llama la atención que Felipe Calderón haya dejado fuera de su iniciativa de reforma política cualquier propuesta en este sentido. Posiblemente sea porque su propia agrupación, el Partido Acción Nacional (PAN), es de los más cerrados y elitistas que existen en el país. Por ejemplo, a lo largo de su historia el PAN nunca se ha atrevido a someter a votación entre todos sus militantes la elección de su presidente nacional. Esta decisión queda exclusivamente en manos de un selecto grupo de consejeros nacionales que incluyen al Presidente de la República, los gobernadores emanados del PAN, los ex presidentes del blanquiazul y otros líderes del partido.

En este contexto, la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de exigir la modificación de los estatutos del Partido del Trabajo (PT) camina en el sentido correcto. En su fallo, los magistrados echan abajo varias cláusulas que violentaban los principios democráticos más elementales. Declaran inconstitucional la figura de votación por aclamación en la elección de los dirigentes partidistas, ya que ésta no permite el secreto del sufragio ni un conteo objetivo de los votos. También cuestionan el hecho que las decisiones de la Comisión Nacional de Garantías puedan ser revertidas por un órgano político como la Comisión Ejecutiva Nacional, ya que esto implica un evidente conflicto de intereses.

Asimismo, el tribunal obliga al partido a reformar sus estatutos en materia de relección de los dirigentes partidistas, ya que encuentra que en los hechos el partido ha establecido una dirigencia colectiva casi vitalicia que ha encabezado el partido de manera ininterrumpida desde 1990. Los magistrados también solicitan al partido incluir disposiciones en materia de posibles incompatibilidades entre los cargos de dirección partidista y cargos públicos, ya que los mismos dirigentes también suelen simultáneamente fungir como funcionarios públicos.

En su decisión, los magistrados federales rescatan varias jurisprudencias históricas de la antigua integración del tribunal electoral que estaban en riesgo de quedarse en el olvido (por ejemplo, las relacionadas con el per saltum y los elementos mínimos). Asimismo, abren la puerta para que los militantes de otros partidos políticos también impugnen directamente ante el TEPJF la constitucionalidad de sus estatutos, independientemente de si éstos habían sido reformados o no recientemente. Es hora de que César Nava, Beatriz Paredes, Jorge Kahwagi y Emilio González Torres también pongan sus barbas a remojar.

La gran pregunta es si los magistrados demostrarán la misma valentía y espíritu garantista cuando se trate de alguno de los partidos amigos, como el PAN o el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En los últimos años las decisiones del TEPJF han estado marcadas de una clara parcialidad, en la que los magistrados asumen plenamente sus facultades constitucionales solamente cuando les conviene y se olvidan de ellas cuando precisan de una salida fácil. Habría que preguntar, por ejemplo, por qué los magistrados no demostraron la misma disposición de tomar la Constitución en la mano que hoy muestran en el caso del PT a la hora de calificar la elección entre Jesús Ortega y Alejandro Encinas para presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o determinar el candidato del mismo partido para la delegación Iztapalapa.

A partir de una evaluación de las decisiones futuras del tribunal, sabremos hasta qué punto el fallo en el caso del PT fue motivado por un sólido compromiso democrático o por un deseo de cobrarle a ese partido su apoyo a López Obrador.

Allá por septiembre del año pasado, en plena negociación del paquete económico 2009, a un senador tricolor, en nombre propio y en el de varios de sus compañeros de bancada, se le ocurrió proponer una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y así obligar a las grandes empresas mineras (autóctonas y foráneas) que explotan esa riqueza, supuestamente propiedad de la nación, a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan, si así se le puede llamar, dada la voluminosa riqueza que obtienen. Concretamente, promovía el cobro de un derecho por 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente.

Uno de los elementos que sustentaron tal iniciativa resulta tan simple como aberrante: por obra y gracia del gobierno federal, no sin la santa mano del Legislativo, los beneficiarios de concesiones y asignaciones mineras en México deben pagar semestralmente, por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2009 se fijaron entre 5 (la mínima) y 101 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido.

¿Qué sucedió? Ante tal pretensión, más rápida que la inundación en El Arenal la oligarquía minera que opera en el país soltó a sus cabilderos –entre ellos la propia Secretaría de Economía– para que tal iniciativa no pasara de ser un mal chiste y fuera a parar directamente al bote de la basura, lo que, dicho sea de paso, sucedió. De hecho, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 se lee: regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras: 0.0 pesos, y para el mismo año las citadas cuotas aprobadas se incrementaron a 5.08 (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima).

Como en tantos otros renglones de la actividad económica, México se ha convertido en un paraíso para los consorcios mineros, los que no solamente gozan del privilegio de la consolidación fiscal, sino que el que otorga las concesiones –el gobierno federal– les acomoda unas cuotas verdaderamente insignificantes, mientras a la población le carga la mano y le cobra crecientes impuestos, amén de que le inventa cualquier cantidad de ellos.

De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, en Argentina se aplica un impuesto de 3 por ciento a la extracción minera; en Brasil la tasa varía según el mineral de que se trate, pero va de 2 a 3 por ciento; en Chile de 0.5 a 5 por ciento y en Perú de 1 a 3 por ciento. ¿En México? Cero por ciento; sólo la simbólica cuota fija por hectárea. Y por lo que toca a regalías mineras, la base para el reparto es así: Argentina, sobre valor boca mina; Brasil, ingreso neto; Chile, sobre renta gravable con ciertas adiciones y deducciones; Perú, ingresos menos algunos costos de tratamiento. ¿En México? Sencillo: cuota por hectárea y consolidación fiscal (en Canadá no se permite, de allí que el mayor número de empresas extranjeras barrenando el país sean de esa nacionalidad, porque aquí sí).

De la citada iniciativa se retoman los siguientes elementos que sirven de contexto: “la explotación minera en el país ha dejado a su paso daños ecológicos de importancia, en virtud de las tecnologías que se usan y usaron a través de los tiempos, teniendo como ejemplo la deforestación, la contaminación de cuencas hidrológicas por los desechos mineros, así como empobrecimiento y mala salud de los habitantes de dichos lugares. Los principales productos de la minería son bienes del subsuelo, cuya propiedad original corresponde la nación como establece el artículo 27 de la Constitución.

Sin embargo, el pueblo de México no recibe por estos bienes ningún beneficio económico directo. De ahí que analizando el valor de los minerales consideramos que siendo estos bienes sujetos a riqueza agregada es menester darles un valor, que deberá ser la base para el establecimiento de un derecho. Los ingresos obtenidos deberán asignarse a los tres órdenes de gobierno para ejercerlos bajo su responsabilidad en programas de desarrollo regional sustentable. Desde 1955 se derogó la Ley del Impuesto y Fomento a la Minería, que sustituyó a la Ley de Impuestos y Derecho relativa a la minería de 1934.

A la fecha sólo subsisten las cuotas referidas, que son simbólicas y no representan un monto importante en la recaudación federal; la base para este derecho (número de hectáreas concesionadas) es una aberración económica, ya que debería ser fijado de acuerdo con el volumen o cantidad de mineral extraído, el cual nada tiene que ver con el número de hectáreas concesionadas o asignadas al particular; el texto vigente no considera a los minerales producidos en función a su valor de comercialización, sino solamente a la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente.

La actividad minera equivale a 1.6 por ciento del PIB, pero estados, municipios y Distrito Federal reciben una cantidad mínima. Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen. Entonces, ¿dónde quedó la iniciativa?

Las rebanadas del pastel

En una misma zona geográfica, ¿qué marca la diferencia entre un desastre natural y una emergencia, es decir entre la terrible inundación en los municipios conurbados del estado de México y la correspondiente en el norte del Distrito Federal? Un burócrata con militancia partidista en la Secretaría de Gobernación… En esto de la mina Paredones Amarillos en Baja California Sur, el pasado sábado un indignado lector, que firma como Cuitláhuac Miravalle, cual niño héroe brincó a la palestra envuelto en la bandera del gobernador Agúndez para defenderlo y reclamar a este tecleador que el mandatario ya dijo que votará en contra del proyecto, cuando es obvio que de lengua los políticos se comen el perol completo. ¿Sirve de algo que vote en contra, cuando él mismo pretexta que es una decisión de la Semarnat? Propaganda barata que comparte y promueve el nostálgico cuan misterioso reclamante. No se trata de decir, sino de hacer, movilizar, encabezar –por ser el gobernador quien tiene las herramientas legales para hacerlo– la protesta ciudadana e impedir el ecocidio en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. Que ya dijo. ¿Y? Así es: los legisladores tricolores también dijeron y ya ven.

Si en política forma es fondo, resulta significativo que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, haya realizado en los tres días recientes recorridos aéreos y terrestres por municipios mexiquenses del área conurbada, afectados por las inundaciones, y no haya hecho otro tanto en las delegaciones capitalinas que se debaten en circunstancias similares. Más allá de las formas, el hecho sustancial es que, ante el desastre que se abate sobre el valle de México por efecto de las lluvias y la poca previsión de las autoridades, la Secretaría de Gobernación (SG) actuó con doble vara, pues si bien incluyó a las delegaciones capitalinas Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza en la declaratoria de emergencia que vale también para los municipios de Ecatepec, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl, las primeras no han sido declaradas zona de desastre y reciben, en consecuencia, menos recursos federales.

El correlato de esas decisiones administrativas es la renovación del golpeteo político contra el Gobierno del Distrito Federal (GDF) por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Partido Acción Nacional. La primera pretendió culpar a las autoridades capitalinas al aseverar, con argumentos distorsionados, que las alertó sobre la inminencia de un incremento potencial en las precipitaciones; el segundo, por medio de su bancada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), resucitó para la ocasión una antigua acusación formulada por Calderón Hinojosa de que el GDF no realizaba labores de mantenimiento y desazolve del drenaje, con lo cual ponía a la ciudad en peligro de una inundación. A la discriminación presupuestal por la SG se añade, pues, el viejo empeño por descalificar la administración de Marcelo Ebrard, en lo que constituye un afán de inocultables propósitos de posicionamiento electoral del partido blanquiazul en la capital de la República.

Un dato duro, sin embargo, es que durante el año pasado la Conagua ejerció únicamente mil 799 millones de pesos de los 8 mil 680 que recibió para emprender obras de desagüe para el valle de México, y tales acusaciones podrían terminar por revertirse contra el gobierno federal. Es posible que el empeño del Ejecutivo federal (por medio de la Conagua) y del partido gobernante tenga, como motivación adicional, ocultar posibles responsabilidades por la gestación de la emergencia, relacionadas éstas con la decisión de octubre del año pasado de extinguir a Luz y Fuerza del Centro y transferir las actividades de mantenimiento y reparación de la red de distribución eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tarea para la cual esa entidad paraestatal no estaba preparada, como han demostrado la extensión y la duración de los cortes del abasto eléctrico.

En días pasados, el Sindicato Mexicano de Electricistas señaló que las fallas en el drenaje no sólo fueron provocadas por las lluvias de inusual intensidad, sino también porque las interrupciones en el suministro de energía –cuya duración y gravedad se explica, a su vez, por la impericia y la falta de capacidad de la CFE– impidieron el funcionamiento de las compuertas del sistema de drenaje profundo.

Los datos disponibles parecen indicar, en suma, que la población de la ciudad capital ha visto afectadas sus condiciones de seguridad, su bienestar y su vida cotidiana por de decisiones equivocadas del gobierno federal.

En tal circunstancia, las autoridades locales tienen la obligación inmediata de responder con eficiencia en el apoyo a los pobladores de las zonas afectadas, pero también pugnar por que la urbe logre mayores facultades y mayor margen de autonomía en el manejo del abasto hídrico y eléctrico.

A la memoria de Daniel Bensaïd, revolucionario y, por ello, defensor acérrimo de la verdad y de la razón.

Sabemos bien que una de las más socorridas consignas del fascismo y la derecha es: Muera la inteligencia. La inteligencia es el peor enemigo del fascismo, es incompatible con la justicia, la libertad y la razón.

Con gran preocupación observamos cómo hoy en México se construye una ofensiva cada vez más virulenta contra la inteligencia, la racionalidad y las reglas de la lógica. Vivimos hoy en un país donde la mentira, el ocultamiento, la falsificación y el fariseísmo se van volviendo moneda cada vez más corriente. Frente a esta situación, la lógica y la racionalidad cobran una importancia cada vez mayor y un carácter rebelde y subversivo, por ser herramientas insustituibles en la búsqueda de la verdad.

Una de las más importantes aportaciones de la lógica al entendimiento humano es la del diagnóstico y crítica de las falacias, es decir, de todo razonamiento incorrectamente estructurado, de donde se extraen conclusiones erróneas o se pierde el sentido de una discusión. Contra esa crítica y contra los principios de la ética se levantan poderosas voces que reivindican el impulso destructivo y las imágenes místicas y fetichizadas más toscas.

El discurso del señor Norberto Rivera es uno de los más paradigmáticos en el sentido señalado. Es un modelo de comisión de falacias y de divulgación deliberada de mentiras.

Sobran ejemplos para mostrar esto. El pasado 10 de enero, en su homilía dominical, el señor Rivera expresó, en contra del recientemente aprobado matrimonio entre personas del mismo sexo en el DF, las siguientes perlas:

“…la ley perenne es la de Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina.”

“México es cristiano… es un país que ama a la familia, es su célula fundamental y el centro de cohesión social; es por ello que vemos con profunda preocupación cómo se ataca al matrimonio, cómo se burlan de los valores cristianos y de nuestras creencias más sagradas.”

Esto no es nuevo, por ejemplo, a mediados de 2007, el mismo día que la SCJN resolvió acerca de la legalidad del aborto, la arquidiócesis primada de México emitió una declaración en la cual se ilustra el método chantajista e irracional característico de la derecha. En su parte medular se lee textualmente:

Manifestación de lesbianas y homosexuales afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en diciembre pasado, cuando se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo Foto Notimex

Contemplamos con pesar el egoísmo y mezquindad humana que defiende la muerte antes de la vida y por ello elevamos nuestras súplicas a través de la oración y del sonido de las campanas para que, en señal de dolor, luto y penitencia por la matanza indiscriminada de infantes, pidamos perdón a Dios por quienes han promovido, votado y ratificado esta ley asesina.

Las citas anteriores son muestras ejemplares de la comisión de la falacia de inatingencia (o ignoratio elenchi). La conclusión establecida no tiene que ver con el problema que se debate; no hay huella de coherencia lógica ni esfuerzo de búsqueda de la verdad. En cambio nos encontramos con un discurso dirigido a fomentar bajas pasiones, a despertar emociones rudimentarias y primitivas. Es un discurso que premeditadamente busca alejar a la gente de la realidad en que vive y deformársela, al no explicar el mundo ni los problemas humanos con una mínima objetividad. No se pretende elaborar una explicación sobre el problema de los derechos humanos ni de las necesidades, deseos o aspiraciones de las mujeres y de la comunidad LGBTTTI.

En cambio, se oculta esta realidad a través de invocaciones a la culpa o denostaciones dirigidas a perversos legisladores y a quienes los han apoyado. Surgen simbolismos y ceremonias sin relación alguna con el problema que se trata, tales como la degradación moral, las creencias sagradas, la oración y el repique de las campanas; aparecen las invitaciones al sufrimiento sin límites: dolor, luto y penitencia; se hace una utilización abstracta y vaga de los términos vida y muerte, sin el menor rigor racional.

Desde luego se hacen llamados a la intervención de seres sobrenaturales. Tácticas discursivas tendentes a fomentar el miedo y la ignorancia entre la población; a sumir el espíritu humano en la impotencia y el sentimiento de insignificancia. Tácticas que anulan toda posibilidad de diálogo y debate.

Desde luego, con estas líneas no espero que el señor Rivera ni sus colegas, altos prelados de la Iglesia, modifiquen su conducta ni un tantito así. A su fanatismo hay que agregar una prepotencia y falta de modestia tal que se consideran incapaces de cometer el más mínimo error. Representantes de Dios, al fin.

Es el mejor regalo que ha podido recibir Televisa en el sexenio. Mejor que ganar parte del negocio de la fibra óptica que licita el gobierno federal. Nos referimos, y usted lector es el primero en saberlo, a una nueva telenovela que hará palidecer en el rating a la Cuna de lobos, El maleficio o Corazón salvaje. Ante la falta de ideas, los hacedores de dramones del canal de las estrellas han recurrido los años recientes, con más pena que gloria, al refrito y el fusil, con Betty la Fea y Sin tetas no hay paraíso, para citar algunas recientes y patéticas.

Pero cuando la desertización avanzaba inmisericorde sobre el entretenimiento preferido de los mexicanos, apareció un caso salvador, el Avatar de la pantalla chica: el antro Bar-Bar, la meca a la que, al menos una vez a la semana, deben visitar las más célebres figuras del espectáculo, la vida social, deportiva y política. Donde convergen poder, sexo, amor y crimen. El lugar idóneo para la diversión de quienes viven en Bosques de Neza, Ecatepec, Tláhuac y Chalco.

La nueva telenovela se llama Siete nombres, la historia de una identidad que al multiplicarse se perdió. El protagonista, JJ (Jesús Jesús como José José, también llamado Madrugada de dos Letras) lleva una vida doble y no se conforma, decide llevar una triple y tampoco le gusta, opta por la cuádruple y le parece monótona, se va por la vía quíntuple y empieza a sonreírle la fortuna, lo que se agudiza con las vidas séxtuple y séptuple.

JJ ostenta siete nombres y siete casas para visitarlas en semana santa, donde va creando una identidad distinta. En unas está al margen de la ley, en otras al margen de todo. Tiene hijos a pasto, entre ellos con una estrella de televisión, La Chiva por no llamarla La Emperatriz. También posee siete pasaportes, cuatro más que Raúl Salinas.

JJ va enloqueciendo porque ya no sabe qué identidad tiene en las mañanas, no obstante que su secretario, El Contador, lo despierta diciéndole hoy le toca a la cinco, y entonces ya JJ sabe que ese día se llamará Nabucodonosor Revillagigedo.

En las noches El Siete Nombres (el rufián que Villa más estimaba), visita lugares chinos a donde se graban reality shows de Televisa. En cada uno ensaya la personalidad que le toca en día, hasta que una noche fatal, por olvidarse a quién representaba, si a un hombre bueno y pacífico o a un narco irredento, sacó la pistola y…

No se pierda esta telenovela, la del bicentenario, y conteste mientras esta pregunta: ¿JJ tiene siete cumpleaños o uno? Los primeros 10 en acertar pueden pasar a la redacción por sus pases para el Bar-Bar con derecho a no ser registrados a la entrada.

Con la complacencia gubernamental, los empresarios canadienses han sentado sus reales en México desde que a algún virtuoso tecnócrata se le ocurrió la brillante idea de concesionar las minas propiedad de la nación al capital privado autóctono y extranjero. Como en las historias de la mafia avecindada en Nueva York, el pastel minero mexicano se ha repartido entre un pequeño grupo de famiglias, que se respetarán entre sí mientras no intenten quedarse con rebanadas ajenas. Así, en México coexisten el zar del cobre (Germán Larrea), el zar de la plata (Alberto Bailleres) y otros zares de diversos metales, dejando para los empresarios canadienses el imperio del oro. Y eso no es historia.

Se conocen las mañas de Larrea y Bailleres, ambos chicos Forbes, pero los canadienses no cantan mal las rancheras. El más reciente conflicto, que no el último (recuérdese la también canadiense Minera San Xavier, en San Luis Potosí), se registra en Baja California Sur, en donde el gobierno federal (el gran facilitador de negocios privados con bienes públicos) tuvo a bien otorgar siete concesiones mineras –para la explotación de oro– a la canadiense Vista Gold Corporation (avecindada en Colorado, Estados Unidos), las que el propio consorcio suma a las obtenidas para hacer lo mismo, pero en Guadalupe de los Reyes Sinaloa. No es novedad, desde luego, porque el gerente de Los Pinos (en sus últimas cinco presentaciones con igual número de caretas) por unas cuantas monedas ha vendido, vende, lo que no es suyo.

A ese gobierno, pues, se le ocurrió la brillante idea de otorgar concesiones mineras (hasta 2039) en áreas naturales protegidas, para lo cual, según Vista Gold Corporation, está a punto de autorizar el cambio de uso de suelo de zona protegida a simples hectáreas (alrededor de 400) para la explotación de oro en un proyecto minero denominado Paredones Amarillos, ubicado en la Biósfera Sierra de la Laguna (no de Vizcaíno, como ayer se anotó en este espacio). De acuerdo con la información del consorcio, una vez en producción espera obtener un promedio estimado de 143 mil onzas de oro anuales, durante los primeros cinco años, y estima 1.2 millones de onzas durante la vida útil de las minas, estimada de 9.3 años. El gerente general de la minera, Carlos Calderón Díaz de León, quien dijo se cuenta con todos los estudios de impacto ambiental (aunque no informó que se realizaron 12 años atrás, el 3 de marzo de 1997, cuando otra compañía poseía las concesiones) y permisos para operar por parte del gobierno federal, salvo el de cambio de suelo forestal a minero, que esperan le sea otorgado por la Semarnat en los próximos días (El Financiero).

Eso dice la empresa, pero los habitantes de la zona y los grupos ecologistas lo ven desde otra óptica: el área donde el consorcio canadiense se dispone a construir la mina Paredones Amarillos se encuentra muy cerca de la localidad de Valle Perdido y a unos 13 kilómetros de El Rosario. El terreno se encuentra a un costado del arroyo llamado La Junta, que más adelante cambia de nombre a La Muela. Los predios donde se encuentra la mina llevan los nombres de Jesús María y El Encantado, de presunta propiedad nacional. Vista Gold, en sus comunicaciones con accionistas establece el primer trimestre de 2010 para comenzar a construir la mina y los primeros meses de 2011 para iniciar la producción de oro.

En 2002 Vista Gold compró a Echo Bay el proyecto de Paredones Amarillos, incluyendo las concesiones mineras y los derechos de explotación minera. La mina proyectada para Paredones Amarillos tendría una vida útil de alrededor de 9.5 años, durante los cuales extraería cerca de 40 toneladas de oro. Como este metal se encuentra en el suelo en una proporción cercana a una parte por millón (1.08, para ser exactos), para extraer esas 40 toneladas la empresa tendría que procesar cerca de 40 millones de toneladas de material, separarlo de la montaña, pulverizarlo y rociarlo con una solución a base de cianuro. De hecho, en los informes de la propia empresa se habla de la necesidad de procesar 11 mil toneladas diarias de material.

La minería de oro a cielo abierto es una actividad con altísimos requerimientos de agua. Para ello, la Mina Paredones Amarillos planea obtener la totalidad de su agua de una planta desaladora en Todos Santos y bombearla 45 kilómetros hasta el sitio de la mina. De esta planta obtendría los 3 mil 800 metros cúbicos diarios (casi 1.4 millones de anuales) de agua que requerirá. El sitio que la empresa ha adquirido para la planta desaladora se encuentra en la zona de anidación de la tortuga laud (Dermochelys coriacea).

¿A cambio de qué el gobierno mexicano se ve tan generoso? Pues a cambio de tortillas duras: la empresa canadiense promete 190 millones de dólares de inversión en un plazo de 18 meses (10.5 millones por mes); 40 millones adicionales diez años después; 300 empleos directos y mil indirectos en la próxima década, con salarios de los mejor remunerados aprovechando el personal de la región en 97 por ciento (según Vista Gold).

Algo fundamental a considerar en este asunto es que uno de los requisitos legales para el otorgamiento de este tipo de concesiones y la aprobación del proyecto de explotación es que la autoridad –en este caso la Semarnat– está obligada a realizar una consulta ciudadana (entre los potencialmente afectados o beneficiados, según sea el caso), la que no se ha realizado a pesar de las numerosas protestas que se han presentado y las manifestaciones en contra del citado proyecto. Es tal el clamor ciudadano en contra de Paredones Amarillos, que el silencio de los responsables de autorizarlo hace más que obvio que responden a los intereses de la empresa canadiense, Y como dicen los afectados, un accidente de cianuro que contamine los mantos acuíferos de nuestra zona, tendrá consecuencias no sólo entre nosotros, sino en muchas de las generaciones venideras.

Así la península de Baja California (de norte a sur) y sus habitantes están a merced de una supuesta autoridad que desoye los reclamos ciudadanos, que privilegia a los depredadores empresariales (los turísticos y los mineros, entre otros) y sus intereses económicos y que, salvo en el discurso, nada hace para erradicar la inseguridad y la violencia.

Las rebanadas del pastel

Si de autoridades sordas, ciegas y mudas se trata, hoy se cumplen ocho meses de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 niños y muchos más resultaron heridos, y la justicia sigue prófuga, mientras los parientes de Los Pinos inventan nuevos negocios a costillas del país.