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La jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que limita a 10 salarios mínimos la pensión para quien se jubile con base en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –vigente de 1973 al 30 de junio de 1997–, rompe con el equilibrio constitucional, ya que desfavorece a los trabajadores, aseguró el constitucionalista y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas.

Subrayó que la decisión de la Corte se contrapone a la justicia social y laboral asentada en varios artículos constitucionales.

De suyo, esa decisión no contribuye a la justicia social ni a la distribución equitativa del ingreso, al contrario, de entrada rompe un principio fundamental de la Constitución, en el sentido de que ésta es de tendencia laboral y favorece a los trabajadores. Es desconcertante el que un ministro que gana una fortuna y que tiene compensaciones impresionantes se atreva a afectar a los trabajadores. Es algo que choca con el sentido superior de la justicia. Menuda Corte que se atreve a eso.

Carrancá aseguró que la resolución de los ministros vulnera el artículo 109 constitucional, al incurrir en acciones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, por lo que los ministros pueden ser sometidos a juicio político.

El constitucionalista Raúl CarrancáFoto Cristina Rodríguez /Archivo

El académico universitario exhortó a los trabajadores a no cruzarse de brazos ante la limitante impuesta por la SCJN. La ciudadanía no puede resignarse, la decisión de la Corte es injusta. Actuaron en perjuicio de la clase trabajadora, uno de los pilares de la sociedad. Es hora de recurrir a los instrumentos jurídicos y fincar responsabilidad a quien la tiene.

Indicó que la ley asienta que cualquier persona, afectada o no, puede iniciar la petición de juicio político contra los ministros, lo que se tendría que realizar ante la Cámara de Diputados y ésta decidir si procede la solicitud.

Si en San Lázaro se aceptara la petición, tendría que llamarse a los ministros a comparecer, no solamente ante los legisladores, sino que tienen que ser impugnados por la ciudadanía toda en un juicio político; esto representaría un precedente histórico fenomenal.

En este caso, explicó, correspondería al Senado de la República resolver si los ministros vulneraron la Constitución al limitar a 10 salarios mínimos el tope para las pensiones de quienes cotizan en el IMSS.

Carrancá y Rivas sostuvo que de concretarse que la SCJN actuó contra la clase trabajadora, la jurisprudencia aprobada tendría que corregirse y acatar lo que se asentaba hasta antes de la modificación, es decir, dejar el tope de la jubilación en 25 salarios mínimos.

Con la economía bajo gravitación depresiva, el empleo de largo plazo en aumento, los salarios en deflación y una reforma financiera que no evade riesgos sistémicos, el gobierno de Obama intensifica, como lo hizo su antecesor con resultados desastrosos para los derechos humanos y alto riesgo para la paz mundial, el uso de la carta militar para contrarrestar el deterioro hegemónico y la vulnerabilidad económico-estratégica por su inusitada dependencia de recursos naturales esenciales, en especial de combustibles fósiles que importa al 65 por ciento.

La ecuación internacional de poder, impactada por la crisis de acumulación capitalista, el cambio climático y el peak oil (¡en 25 años la demanda mundial de energía aumentará 49 por ciento!), agudiza su multipolarización: vivimos en otra constelación histórica que en América Latina se expresa en incipientes y novedosos mecanismos para fortalecer la soberanía y seguridad regionales, como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y significativos procesos de construcción social alternativa, apoyados por amplios movimientos sociales inclinados a tomar en mano propia el manejo de recursos, economía, moneda, defensa y con políticas exteriores favorables a la resolución pacífica de conflictos.

Es un tsunami de soberanía y seguridad popular y regional que interfiere con arreglos oligárquico-imperiales y que EU y sus lacayos combaten a sangre y fuego: del petróleo en aguas profundas del Golfo de México a las arenas bituminosas de Canadá y el petróleo convencional y super-pesado de Venezuela, sin importar costos socio/ecológicos, el Pentágono y las grandes petroleras se aprestan a la toma del botín.

Con la economía y recursos de México y Canadá en el bolsillo imperial, el objetivo inmediato es la revolución bolivariana y su petróleo. Así lo evidencia un mensaje desde EU en que se advierte al presidente Chávez de otra maniobra contra él y la revolución: la fase de preparación de la comunidad internacional, con ayuda de Colombia, está en plena ejecución (con la ofensiva de Uribe contra Venezuela en la OEA, respaldada, como en Honduras, por la Casa Blanca) agregándose que lo que se vive es parte del plan integral...la operación militar va...la realizarán los del norte, pero no quieren entrar directamente en Caracas.

También se revela que se aceleró la fase de ejecución, unido a una fuerza de contención, desde Estados Unidos ...hasta Costa Rica, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico (por el despliegue de 18 mil marines y guardacostas gringos endosado por la presidenta tica Norma Chinchilla y la diputación del Partido Liberación Nacional).

Los altos cargos que ejecutan el operativo anti-bolivariano dicen que los colombianos solos no pueden ejecutar la operación en corto tiempo por lo que decidieron involucrarse directamente, cuando el conflicto se dé. La agresión contra la Venezuela que toma posesión soberana de su renta petrolera viene desde Bush/Cheney. Obama la intensifica usando el smart power que incluye el poder duro contra las coaliciones regionales (Unasur/Alba) fortaleciendo las Fuerzas Especiales y la Cuarta Flota, orquestando el golpe en Honduras, desplegando las bases en Colombia y ocupando con fuerza castrense a Costa Rica; y el poder suave, por medio de vastos subsidios a ONGs, partidos políticos, líderes y montajes de guerra sicológica y política con una enorme ofensiva publicitaria desde medios periodísticos, radiofónicos, televisivos y la red: New York Times, Newsweek, CNN, etcétera, siempre dispuestos a des-informar sobre la región, Venezuela o Chávez.

CNN lo hace con desmedro ético-profesional: ajusta noticieros y análisis económicos a la línea anti-Chávez de la comunidad de inteligencia. Igual de significativo: en Estados Unidos se palpa una veda informativa de la desorbitada militarización e intervención de Estados Unidos en la región, acompañada por el despliegue antipopular de fuerzas especiales en 19 naciones latinoamericanas.

Durante muchos años, la izquierda ha participado en las elecciones sin asumir en serio las dificultades del camino, las exigencias de una vía a la que considera limitada, casi un mal necesario en una época de cerrazón e intolerancia. Presenta candidatos, programas incluso mejores a los de otras fuerzas, pero en cierta forma su corazón, los sentimientos de muchos militantes, no están puestos en las urnas sino en la aparición redentora de una insurgencia popular y ciudadana capaz de cuestionar desde la raíz los fundamentos de un sistema a todas luces injusto y desigual.

La disputa por el poder, la transición propiamente dicha, consumió más de dos décadas de engorroso gradualismo limitado al ámbito electoral, al acotamiento de los excesos presidencialistas, sin propiciar el cambio de régimen que la obvia crisis de las instituciones y la continua movilización social y ciudadana viene exigiendo. Se fortaleció el pluralismo; otras libertades se ampliaron, pero los derechos sociales –así como las organizaciones que los enarbolan– siguieron erosionándose, en beneficio de la concepción individualista asociada al liberalismo económico.

La autonomía del movimiento social, indispensable para asegurar la defensa de los intereses de la mayoría, fue combatida como una rémora para la expansión autoritaria de la libre empresa que rearticula a su favor la herencia corporativa del pasado pero limita gravemente el derecho de asociación, la autonomía de las organizaciones sociales. El nuevo escenario político, más competitivo y plural, con sus ambigüedades y vacíos, se convirtió en el lugar ideal para amamantar a las nuevas burocracias políticas. La transición devino una especie de estado permanente donde se instaló sobre la legítima voluntad de poder el cálculo oportunista, la impostura, el sacrificio del pluralismo real de los partidos a los intereses en ascenso de sus grupos dirigentes, el olvido de la ciudadanía como el sujeto de la democracia.

Para amplios sectores de la izquierda forjada tras el ascenso y el fraude electoral de 1988, la idea de partido, propuesta para mantener en pie la lucha, jamás se concilió con la diversidad existente entre las fuerzas que impulsaron la gran movilización cardenista, poco proclives a pasar de un frente político muy abierto a una formación centralista y disciplinada bajo una línea común, es decir, a un partido cuya tarea objetiva, su mayor aportación, radicaba en la posibilidad inmediata de romper el monopolio del poder para asentar el pluralismo real y, en esa medida, acelerar la transición hacia la democracia, aunque muchos creyeron ver en los acontecimientos la antesala de una situación revolucionaria en la que sólo faltaba la voluntad de los líderes para sacudir la mata. Bajo esas circunstancias adquiere crédito la noción de partido-movimiento, mediante la cual se plantea salvar los antagonismos mediante una suerte de división del trabajo partidista entre las funciones políticas como la representación en los congresos y ayuntamientos, la elaboración y el diseño del programa, la respuesta cotidiana al pulso político de la República y todas aquellas que tienen que ver con la movilización social en tiempos normales, pero sobre todo en épocas electorales, cuando el aparato resulta lento y a veces una verdadera carga que sólo busca salvarse a sí misma. Los éxitos logrados a través de años de dura confrontación en las urnas y en la vida social mostraron lo obvio: la disputa electoral es una gran tribuna para denunciar los grandes problemas de la sociedad, pero la guerra ilegal emprendida contra la oposición de izquierda (junto a la persecución sistemática de las organizaciones sociales autónomas) agudiza los conflictos internos, favorece la confusión, desdibuja los perfiles propios y al final esparce la duda sobre si la ruta emprendida sirve, realmente, para lograr el objetivo de ganar pacíficamente el poder sin desnaturalizar los principios. La ineficacia de la dirección partidista, el desgate de sus reservas en pleitos internos, la falta de visión para mantener la identidad y la cohesión, tendrán secuelas desastrosas entre una ciudadanía cada vez más distante y dispuesta a creer las falacias difundidas por los medios en nombre de la elite dominante. La izquierda cae cuando es más fuerte y se deja arrebatar la ventaja lograda con base en sacrificios colectivos. Prevalece el impresionismo. No hay balance ni autocrítica, porque no hay un programa contra el cual medir los resultados. En tales circunstancias, la concepción antipartido promovida desde la derecha como el máximo democratismo, cala. La idea de partido desfallece ante el desmadre interno. Los candidatos lo son todo. La desilusión aumenta y las tentaciones de clausurar la opción de las urnas –todavía puntuales– reaparecen en medio del hastío como renuncia a la política.

Por eso, el discurso de Andrés Manuel López Obrador en la plaza del Zócalo tiene un valioso significado. Reivindica la política, define objetivos. Sale al paso del pesimismo reinante (aunque es una lástima que las demás intervenciones de carácter programático no se hayan divulgado en la prensa). Pero hay algo más: allí ha dicho que la vía electoral no es un recurso más en el abanico de tácticas de la izquierda, sino el campo de batalla donde debe dirimirse el cambio de México. La organización que presentó el domingo es admirable, porque ese esfuerzo de implantación territorial (de abajo hacia arriba) sección por sección era el gran pendiente organizativo que el PRD jamás se atrevió a resolver con toda claridad y crudeza, en parte por la abulia de sus jefes, pero también por los prejuicios subsistentes hacia la implantación territorial de “la lucha electorera vs. la lucha de masas”, que no impidió, en cambio, la aparición de las políticas clientelares que aún representan un lastre para el futuro de la izquierda como tal. Si garantizar el cuidado de las casillas para evitarse amargas sorpresas es la tarea primaria de una organización competitiva, es obvio que al avanzar en ese capítulo el movimiento liderado por Andrés Manuel da un paso muy importante para conformar una verdadera corriente nacional, es decir, una opción con presencia y vocación de gobierno en los tres niveles del Estado. Tiene una significación particular que la mayoría de los integrantes de tal organización provengan de comunidades de ciudadanos no contaminadas por las prácticas tóxicas de la politiquería al uso, pero ya no estamos en presencia de un movimiento social en el sentido tradicional y restringido del término, sino que por su origen y sobre todo por sus objetivos se despliega como un movimiento político que eventualmente podría convertirse en un nuevo partido, aunque tal posibilidad hoy le saque roncha incluso a varios de sus simpatizantes. Pero el futuro de esta formación dependerá (aunque mediáticamente les parezca a otros secundario) de su capacidad para articular un programa que concrete el proyecto alternativo de nación, concebido como el punto de encuentro hacia el futuro de la mayoría de los mexicanos que buscan un cambio en la situación.

Y en ese punto crucial, más nos vale que en el anunciado debate sobre la unidad de las izquierdas en los comicios de 2012 se tengan presentes estos temas y no sólo la lotería de los registros. El tiempo corre y se va como el agua. Hay que darse prisa. Esa discusión no puede encasillarse en los plazos dictados por la norma electoral; es la esencia de la política que debe cambiar a México.

Con tan sólo 33 meses de retraso, y luego de que el zorro arrasó con el gallinero, el inquilino de Los Pinos decidió la creación de un Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, con el fin de hacer más precisa y oportuna la evaluación y el análisis de la situación financiera, así como agilizar las decisiones que nos permitan evitar los problemas y los riesgos sistémicos, y resolverlos antes de que puedan causar un mal mayor, según sus propias palabras.

Cuando menos desde octubre de 2007, a partir del derrumbe hipotecario estadunidense, se anunció la proximidad de una nueva sacudida económico-financiera, el más reciente capítulo de la crisis, pero a pesar de lo obvio de su proximidad y de las dolorosas consecuencias que para México acarrearía, tal hecho no tuvo la menor consideración para el inquilino de Los Pinos y su muy buen equipo económico, tal vez el mejor (según su propia definición). Por el contrario, el susodicho y su dream-team económico se dedicaron a minimizar el acontecimiento, porque es externo, y a presumir una virtual solidez de un inexistente navío de gran calado, que zozobró a la primera de cambios.

A tal grado llegó la indolencia del pastor y sus ovejas, que el propio Calderón prometió (una más) a los mexicanos que nunca más una crisis los afectaría, mientras el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, presumía sus dotes de galeno y diagnosticaba, en el peor escenario, un simple catarrito para el país, porque las cosas habían cambiado diametralmente, según dijo, y ahora la pulmonía le daba al vecino del norte. Para rematar, otro amigo del inquilino de Los Pinos, cómodamente instalado en la Secretaría de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, daba cátedra: “es ocioso tomar medidas ante la crisis en Estados Unidos… no vale la pena anticiparnos sobre algo que todavía no pasa”. Y tirados en la hamaca los agarró el terremoto, mientras la economía mexicana se desplomaba como no lo había hecho en ocho décadas.

Pues bien, después del desastre económico-social de 2009, con la casa en el suelo, ahora se le ocurre crear el citado Consejo para identificar con anticipación los riesgos potenciales de la estabilidad financiera del país y, en consecuencia, coordinar las acciones pertinentes que deban realizarse por cada una de las autoridades que lo integren. Fungirá como un órgano de consulta en materia de estabilidad financiera para el Poder Ejecutivo Federal y, en particular, para el Presidente de la República, que permitirá dotar al Ejecutivo Federal de mayores herramientas para toma de decisiones mucho más oportunas. Con esa rapidez institucionalizada, México para qué quiere enemigos.

En vía de mientras, el Banco de México ofreció su versión del comportamiento económico nacional, el cual, no está exento de riesgos. El único motor de la economía mexicana, la estadunidense, parece no agarrar paso, y por ello el organismo advierte que en el vecino del norte el panorama parecería ser inusualmente incierto. En particular, destaca la debilidad que prevalece en el mercado laboral y que la incipiente mejoría en las condiciones financieras todavía no ha significado un factor de apoyo para el gasto privado. Así, persiste el riesgo de que una mejoría lenta del consumo podría eventualmente reflejarse en una demanda menos vigorosa de productos de exportación mexicanos.

Otro punto que el Banco de México destaca es el relativo a la zona euro: la coyuntura que enfrentan varios países europeos sugiere que los riesgos a la baja para el crecimiento de la economía global se han acrecentado; existe la percepción de que el crecimiento de la economía mundial, en especial el de las economías avanzadas, ha dependido de manera esencial de las políticas de apoyo a la demanda agregada implementadas como respuesta a la recesión generada por la crisis financiera de 2008. En este contexto, existe incertidumbre sobre el impacto que pudiese tener el inminente retiro de dichos estímulos sobre la demanda privada en dichas economías. De igual forma, advierte que la reciente volatilidad en los mercados financieros internacionales hasta ahora no ha afectado sustancialmente las perspectivas de crecimiento en las economías emergentes. “Sin embargo, un deterioro adicional en dichos mercados pudiera afectar las condiciones de acceso al financiamiento de estas economías.

La institución señala que el escenario macroeconómico base previsto los próximos meses se sustenta en gran parte en el pronóstico de que la actividad industrial en Estados Unidos continuará mostrando una tendencia positiva, si bien a un menor ritmo que el observado durante el primer semestre del año. En particular, el promedio de las proyecciones de los analistas para el crecimiento de la actividad industrial y del PIB de ese país en el presente año se ubica en 5.4 y 3.1 por ciento, respectivamente. Para 2011 se estima un crecimiento ligeramente más moderado de estos renglones (4.7 y 3 por ciento).

Es previsible que durante el resto del año y en 2011 continúe observándose un impulso a la economía mexicana proveniente de la demanda externa, aunado a un gradual restablecimiento de mayores niveles de gasto interno, de tal suerte que mantiene su expectativa de que el PIB real de México crezca entre 4 y 5 por ciento anual en 2010, y entre 3.2 y 4.2 por ciento en 2011. Anticipamos que el producto registre en el resto del año y en 2011 una evolución positiva, si bien a un ritmo más moderado que en el segundo trimestre de 2010, para el cual se proyecta una elevada variación trimestral. Este escenario sugiere que la brecha del producto permanecerá en terreno negativo durante la totalidad del año. Para 2011, no obstante, la brecha podría, con una probabilidad todavía modesta, tornarse positiva en el primer semestre.

Por lo que toca al empleo formal, el Banco de México estima que al cierre de 2010 el número de trabajadores asegurados en el IMSS muestre un incremento anual de entre 525 mil y 625 mil personas, y para 2011 entre 500 mil y 600 mil adicionales, es decir tan sólo la mitad de la demanda real.

Ése es el panorama, pero cuidado: dichas estimaciones provienen de Agustín Carstens, el mismo del catarrito.

Las rebanadas del pastel

De este lado de la frontera algunos políticos cantan victoria, porque la juez federal de Estados Unidos Susan Bolton suspendió temporalmente algunas disposiciones de la ley racista SB 1070, pero es obvio que el KKK de Arizona, encabezado por la gobernadora Jan Brewer, se pasará por el arco del triunfo tal determinación.

Alegraos, sempiternos clientes desplumados de la banca que opera en el país, porque el Banco de México (BdeM) ha tenido a bien expedir diversas disposiciones de carácter general que establecen prohibiciones y límites al cobro de comisiones, o lo que es lo mismo remendar un agujero de los bolsillos de los usuarios de las instituciones financieras para que éstas, a su vez y por la libre, abran 10 boquetes más, en el juego del gato y el ratón en el que, obvio es, el roedor es otro que la institución que hoy dice gobernar el doctor catarrito.

Es práctica conocida y padecida que a cada prohibición del BdeM la creativa banca que opera en el país responde con la invención y aplicación de nuevos cobros (normalmente superiores en número y cantidad monetaria) a los usuarios de estas instituciones financieras, en especial a los tarjetahabientes, que en el exceso incluyen cargos por no utilizar el plástico, es decir, por no consumir. A cada impedimento gubernamental, la réplica suele ser un rosario de comisiones adicionales aplicadas por esas sufridas fábricas de voluminosas utilidades a costillas del dinero de terceros, sin que nadie les ponga freno.

En el susodicho juego del minino y el roedor, el Banco de México anunció, a un año de expedir las primeras disposiciones para limitar el cobro de comisiones que se alejan de las sanas prácticas financieras, un nuevo listado de prohibiciones en ese mismo tenor, con la agravante de que, en una suerte de champurrado legal, entrarían en vigor entre octubre de 2010 y enero de 2011, es decir, su aplicación no es inmediata, lo que concede suficiente margen de maniobra para que antes de las fechas citadas los creativos muchachos de la banca inventen y carguen otras comisiones que sustituyan con creces a las prohibidas para ese entonces.

Eso sí, de entrada el BdeM se lava las manos en eso de las prohibiciones: yo no fui, fueron los diputados, toda vez que durante los últimos años el Congreso de la Unión ha aprobado diversas iniciativas de reforma a leyes financieras para incrementar la transparencia y promover la competencia, así como para fomentar la inclusión de la población de menores recursos al sistema financiero y proteger a los usuarios de los servicios financieros. La aclaración es más que necesaria, porque no vaya a ser la de malas que los barones del dinero vean con recelo a los integrantes de la feliz familia financiera del sector público.

Entonces, en las fechas mencionadas tales prohibiciones aplicarán para las siguientes comisiones: por retiro de efectivo, consulta de saldo, depósito en cuenta, pago de créditos en ventanilla y cajeros automáticos operados por las propias instituciones de crédito que lleven la relación con el cuentahabiente; de igual forma, aquellas por pago extemporáneo de créditos cuando en el mismo periodo se cobren intereses moratorios: por no utilizar durante un año calendario la tarjeta de crédito si durante el mismo periodo se cobra una comisión por anualidad o algún otro concepto equivalente; también las que ahora se cargan a la clientela que liquide créditos hipotecarios por las gestiones que las entidades financieras realicen para proceder a cancelar hipotecas en el Registro Público de la Propiedad, y se podrá cobrar solamente una por operaciones de transferencia de fondos y domiciliación, y ésta la aplicará la institución donde se origine la operación; y se limitan aquellas por intento de sobregiro, emitir un cheque sin fondos, no pagar un crédito a tiempo y no mantener el saldo mínimo requerido en la cuenta de depósito.

A esas prohibiciones la banca responderá con nuevas comisiones que, al paso que va, bien podrían ser por respirar dentro de las sucursales, dirigir la palabra a quien despache en ventanilla, introducir la tarjeta de crédito o débito en el cajero automático y los que se les ocurra, mientras el Banco de México, por disposición del Legislativo, tarda un año, o más, en aprobar nuevas prohibiciones en esta cadena de asalto a los usuarios de las instituciones financieras. No es casual que las utilidades netas de la banca que opera en el país (con niveles de otorgamiento de crédito similares, o incluso inferiores, a la de dos décadas atrás) reporten un espectacular crecimiento cercano a 600 por ciento en los últimos 10 años, hasta acumular casi 400 mil millones en el periodo, de acuerdo con los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Va un ejemplo para el regocijo de los desplumados usuarios de las instituciones financieras: sólo en la primera mitad del calderonato la banca moderna (Salinas dixit) que opera en el país registró utilidades netas superiores a 185 mil millones de pesos (incluido el año de la crisis), cantidad 3.5 veces superior a los poco más de 53 mil millones que obtuvo en el primer trienio foxista. ¿Cómo? Fácil: con el implacable cobro de un sinnúmero de comisiones, elevadísimas tasas de interés para los creditohabientes y rendimientos negativos (por debajo de la inflación) para los ahorradores, aderezado todo ello con un gobierno dócil hasta la ignominia que ha hecho de México el paraíso de los barones del dinero.

Qué bueno, pues, que se intente acotar el cobro de comisiones, aunque tal acción provoque que tras la prohibición se cobren muchas más. Pero más allá de este asalto en específico, la atracadora banca maneja otro filón: las tasas de interés a los tarjetahabientes. Mientras el BdeM atiende las indicaciones del Legislativo en el primero de los renglones mencionados, las tasas de interés de las tarjetas de crédito están entre 11 y 30 veces por arriba de la inflación oficial registrada y reportada por el propio Banco de México. De hecho, en el transcurso del presente año las han duplicado modestamente. Y en sentido contrario, las llamadas cuentas maestras, que antes generaban intereses en favor de los ahorradores, ahora no generan ni un centavo y en general el ahorro, en sus diferentes modalidades, paga –en el mejor de los casos– intereses muy por debajo de la inflación. Pero esa parte del asalto aún no es considerada.

Las rebanadas del pastel

Carlos Navarrete, integrante de la empresa Chuchos SA, regresó con ánimo chistoretero de su más reciente periplo europeo, y para regocijo del respetable soltó el primero de la temporada: Andrés Manuel tendrá que someterse a las reglas que el PRD establezca para designar a su candidato presidencial. Ja, ja, ja.

El gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se comprometieron anoche, por escrito, a explorar y encontrar alternativas laborales en el sector eléctrico, así como dar trámite a la solicitud de toma de nota (reconocimiento oficial) a la dirigencia de este sindicato.

El diálogo entre ambas partes es conducido por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, quien pidió al titular del Trabajo, Javier Lozano, subsanar cualquier posible trámite que pudiera obstaculizar la toma de nota a la dirigencia del SME, es decir, evitar que algún aspecto administrativo entorpezca este trámite.

De acuerdo con participantes en este encuentro, el responsable de la política interna pidió a los funcionarios federales involucrados que hicieran un esfuerzo por avanzar en la solución del conflicto a fin de que se aplique la ley, pero no se pierda de vista la justicia social.

Durante la primera sesión de la mesa de diálogo de alto nivel para concretar alternativas de solución al conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en primer término se reunieron en privado, por espacio de una hora, el secretario Blake y el dirigente Martín Esparza. Luego, ya en conjunto con otros funcionarios y representantes sindicales, se acordó que gobierno y sindicato presentarán sus propuestas a fin de ser analizadas y resueltas conforme a derecho, a los objetivos de política pública en el sector eléctrico y a la disponibilidad presupuestal.

La primera reunión de trabajo de esta mesa se prolongó casi cinco horas en la Secretaría de Gobernación, donde participaron el titular de esta dependencia, José Francisco Blake Mora; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como los subsecretarios de Gobierno y de Trabajo, Roberto Gil y Alvaro Castro, respectivamente.

Por el SME acudieron los dirigentes Martín Esparza, Humberto Montes de Oca y Eduardo Bobadilla, a quienes no se ubica en la minuta con sus cargos sindicales, precisamente porque ese reconocimiento está en trámite en la Secretaría del Trabajo.

Sobre este punto, se dijo que se resolverá con base en la ley del ramo y en las resoluciones pasadas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), con el objetivo de recuperar la regularidad jurídica del funcionamiento de los órganos directivos del sindicato.

Esta primera reunión deriva del acuerdo del jueves pasado, cuando a cambio de encontrar alternativas al conflicto en mención el Sindicato Mexicano de Electricistas aceptó levantar la huelga de hambre colectiva que mantuvo por tres meses en el Zócalo capitalino.

En uno de los seis puntos de la minuta se precisa que también se formarán grupos de trabajo para revisar las prestaciones que no se han pagado a los trabajadores de la extinta LFC, relativas al aguinaldo y fondo de ahorro, entre otras. Esta mesa y sus grupos de análisis se reunirán una vez a la semana, sesiones donde también participarán, a petición del SME, los legisladores que integran las comisiones de seguimiento a este conflicto.

En este primer encuentro participaron diputados, quienes consideraron absurdo el argumento emitido por el gobierno de que el erario no cuenta con recursos para recontratar a los trabajadores.

Los diputados federales Agustín Guerrero, del PRD, y Mario di Costanzo, del PT, lamentaron que el secretario Lozano tome una postura distinta respecto de los acuerdos e incluso de los escritos que se han concretado en Gobernación.

Lozano ha sido un ariete contra los trabajadores, aunque entiendo su contradicción de no querer otorgar la toma de nota porque se contrapone a su postura que ha impulsado desde 2009. Eso en castellano significa que Javier Lozano fue derrotado, expresó el diputado Guerrero.

Por la mañana se reunió la comisión de trabajo del SME, integrada por sus representantes sindicales, donde se ratificó la demanda de patrón sustituto y que la salida al conflicto sea por la vía política.

Se acordó asimismo defender su contrato colectivo de trabajo y reformular el plan de acción, que incluye mantener informado con base en documentos al secretario Blake, en especial de lo que los electricistas consideran amplia legalidad y cumplimiento de los requisitos para que el comité central del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezado por Martín Esparza, obtenga la toma de nota y recupere su regularidad jurídica, al tiempo que conserve la representación legal correspondiente.

Al término de la reunión, Esparza se mostró optimista de este método de trabajo con el que se busca solucionar el conflicto, y dijo que ha quedado atrás la negativa rotunda del gobierno hacia los planteamientos del SME, especialmente aquella de primero liquídense y después estudiamos otras alternativas. Confimó lo publicado por este diario de que se planteó la creación de una estructura paralela a la Comisión Federal de Electricidad para operar la zona central del país, y además instar a la construcción de una empresa en el área de telecomunicaciones como alternativa para dar empleo a los trabajadores que no se han liquidado.

Sin dejarse intimidar por las tremebundas profecías del Gobierno del Distrito Federal, que auguraba las peores lluvias de todos los tiempos para el día de la fecha, decenas de miles de hombres y mujeres que desean llevar a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador –aunque faltan dos años para las elecciones– se lanzaron el sábado a los carreteras, desde los 31 estados de la República, y ayer, junto con nutridos contingentes de capitalinos, volvieron a llenar el Zócalo en respuesta a una convocatoria del máximo dirigente opositor del país.

Trinidad Ramírez, de Tomatlán, Jalisco, viajó 17 horas a bordo de un autobús que alquiló con sus compañeros de la brigada José Zamarripa de la Peña para participar en la asamblea de comités municipales del gobierno legítimo de México y fue uno de los 37 oradores que, de las 10 a las 12, tomaron la palabra para analizar la trágica coyuntura nacional y proponer una solución conjunta: ir como movimiento organizado, pueblo por pueblo, calle por calle, familia por familia, a los comicios del domingo primero de julio de 2012.

Zapopan Ramírez, abogada combativa de la localidad de Cinco Manantiales, Coahuila, recorrió mil 400 kilómetros, también en autobús de alquiler, desde aquella frontera con Texas, y cuando se colocó ante el micrófono, en representación de las y los obradoristas de su estado, para hablar tres minutos, sugirió que el lema de la campaña sea nuevamente por el bien de todos, primero los pobres.

Quien habló por los comités territoriales de Tabasco, cuyo nombre se extravió, venía del municipio de Macuspana y del pueblo de Tepetitán, donde López Obrador nació en noviembre de 1953, pero fue breve y rotundo cuando definió la postura de sus paisanos: Con Andrés Manuel todo, sin Andrés Manuel nada.

Por Yucatán intervino un habitante de Motul, que de entrada improvisó una bomba. Por Quintana Roo se pronunció una señora llamada Trini, que denunció la destrucción de las playas de Cancún y Cozumel. Los representantes de Sonora, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, así como los de Aguascalientes, las Baja Californias, Campeche, Durango y el estado de México, y todos los demás, se refirieron al número de ejemplares del periódico Regeneración que reparten casa por casa mensualmente. La publicación que dirige Jesús Ramírez Cuevas, a la fecha, según cálculos extraoficiales, ha tirado ya más de 35 millones de ejemplares.

En compañía de los secretarios del gobierno legítimo, de funcionarios –como Martí Batres y Armando Quintero– del gabinete de Marcelo Ebrard, de artistas como Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez, y de invitados como doña Rosario Ibarra, los representantes de los comités municipales permanecieron codo a codo, alineados a espaldas del futuro candidato a la Presidencia, a lo largo de un enorme templete lleno de lámparas de teatro, adornado por delante con docenas de arreglos florales y, por detrás, con un telón de fondo que lucía en franjas horizontales los colores de la bandera mexicana, de modo que entre el verde que evoca la esperanza y el rojo que ahora recuerda el baño de sangre que vive el país, escrita en letras negras sobre el blanco que celebra la pureza se leía, un tanto cuanto enigmática, la solitaria palabra vamos.

¿Qué significaba? El gentío se lo preguntó durante casi cuatro horas, hasta que poco antes de las dos de la tarde, en el clímax de su discurso, López Obrador dijo: ¿Están de acuerdo en que vayamos como movimiento a las elecciones de 2012? La muchedumbre, exhausta después de escuchar a 36 oradores, respondió muy quedito: Sí.

El tabasqueño repitió la pregunta: ¿Vamos? De nuevo, miles de voces contestaron por lo bajo: Sí. ¡No los oigo!, exclamó el casi candidato. ¿Vamos? Y por fin, la multitud echó la casa de los pulmones por la ventana de la garganta: ¡Síiii!, y estallaron los aplausos, las consignas rimadas y no lejos de la esquina entre Catedral y Palacio una pequeña banda campesina de la UPREZ se aventó una sentida diana diana con jarana, diana diana con chinchín...

Algunos minutos antes, esa banda había tocado las mismas notas con ímpetu de tambora, tuba, trombones y platillos, cuando López Obrador propuso que, para contrarrestar el clima de odio que impera en la República, la gente actúe con amor, pues el que siembra besos, besos cosecha. La frase desconcertó en principio, pero de inmediato, en cuanto la audiencia logró digerirla, suscitó aplausos y sonrisas, y tuvo un colofón genial a cargo del Tata Arvizu.

Ya había acabado la asamblea, ya se despedía López Obrador agitando la mano desde el escenario, cuando el veterano cómico, asiduo seguidor del tabasqueño desde los días del plantón de 2006, se apoderó del micrófono y, aludiendo al hecho de que el templete estaba colocado delante de Catedral, dijo: Compañeras y compañeros, yo propongo que hagamos lo mismo que los del negocio de aquí atrás: ¡vamos a darle un abrazo a los que están junto a nosotros!

Sólo en ese momento, muchos repararon en que por primera vez en cuatro años, la campanas de Catedral no habían sido tocadas con agresividad ni escándalo, para poner de manifiesto el rechazo del cardenal Norberto Rivera al movimiento de López Obrador.

Tampoco, a saber por qué, el mitin fue sobrevolado por los ruidosos helicópteros de la policía capitalina. En otras palabras, los fotógrafos de prensa no contaron con la ayuda de la fuerza aérea de Ebrard para dar testimonio gráfico de la magnitud de la concurrencia.

Pero si el alcalde había anunciado el viernes que no asistiría a la concentración porque en ella no tenía nada que hacer –insinuando que dedicaría su tiempo a cosas más importantes–, lo cierto es que estuvo presente de dos buenas y generosas maneras: regalando botellas de agua con el escudo y el lema de su administración Ciudad con Angel, y prestando el templete, que la víspera había cobijado a los miembros de un famoso grupo musical.

Estuvo presente, asimismo, cuando entre las ocho y las 10 de la mañana estrellitas de Televisa y amantes de los ejercicios de relajación tomaron clases de yoga impartidas por Dalilah Polanco, al término de los cuales Natalia Gil, organizadora del evento, le dio las gracias tanto a Marcelo Ebrard como a Federico Arreola. Pero, a pesar de las cartulinas que algunos asistentes al acto político exhibirían por el Zócalo más tarde, con mensajes contra Ebrard y Manuel Camacho, y denuncias por la represión que el GDF ejerció contra los pobres de la Magdalena Contreras para construir la supervía poniente en beneficio de los ricos de Santa Fe, la verdad es que la nueva propuesta de López Obrador –sembrar besos para cosechar besos– acabó endulzando el aire pegajoso y gris de las 2 y media de la tarde, y cuando la doctora Raquel Sosa se reveló como una espléndida cantante del Himno Nacional, que decenas de miles entonaron con el puño izquierdo en alto, ya nadie se acordaba del jefe de gobierno saliente.

Frente al monumental fracaso del gobierno de Felipe Calderón para resolver los problemas más elementales del país, es de celebrarse el inicio anticipado de las campañas presidenciales para 2012. La competencia por la Presidencia de la República podría servir como el marco perfecto para el surgimiento de un verdadero debate nacional sobre el futuro de la nación. Lo último que México necesita es otro llamado estéril a la unidad encabezado por un gobierno sin legitimidad. Al contrario, hace falta un gran despertar social en el que la ciudadanía se haga cargo de construir y proponer soluciones innovadoras para su propio futuro.

Ante la gravedad de la situación nacional, México no puede permitirse el lujo de elegir otro burócrata gris o populista dicharachero. El país entero reclama que su próximo presidente sea un auténtico líder con una gran sensibilidad social. Tendría que ser alguien con la capacidad para articular una nueva visión nacional y con la disposición para trabajar junto con los sectores más agraviados de la sociedad para lograr los cambios urgentes en materia económica, política y social.

La caballada está flaca. En el Partido Acción Nacional (PAN) los pocos candidatos con algunos principios auténticamente panistas, como Santiago Creel o Manuel Espino, son precisamente los que menos posibilidades tienen de lograr la candidatura presidencial. Por su parte, la eventual candidatura de alguno de los personeros del minigabinete de Calderón, como Lujambio, Molinar o Lozano tendría pocas o nulas posibilidades de ganar.

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la situación no pinta mejor. Aun con todo el apoyo de Televisa, Carlos Salinas y una amplia diversidad de medios impresos, Enrique Peña Nieto simplemente no ha sido capaz de articular una visión nueva para el país o de acercarse verdaderamente a la ciudadanía. Un solo debate público sin guión con sus adversarios sería suficiente para romper la burbuja mediática de popularidad que se ha generado a su alrededor. Su carencia de capacidades analíticas y de liderazgo auténtico se hará patente muy pronto. Por su parte, a menos de que la población mexicana de repente sufriera de un ataque de amnesia colectiva, resulta difícil creer que Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes o Emilio Gamboa puedan ganar la confianza de la ciudadanía como candidatos presidenciales.

En contraste, la izquierda está inmejorablemente posicionada para conquistar la silla presidencial en 2012. Su relativa debilidad en cuanto a posiciones políticas tanto en el Congreso federal como en las entidades federativas esconde un hecho innegable: sigue siendo la única fuerza política que tiene arraigo social y de manera creíble podría encabezar una renovación en la vida pública nacional. Si el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo y Convergencia aprovechan la oportunidad, podrían encaminarse desde ahora a una victoria en 2012.

Tomando en cuenta esta ventaja comparativa de la izquierda en relación con las otras fuerzas políticas, sería un verdadero desperdicio que estos partidos escojan como su candidato en 2012 simplemente a un guapo o un tecnócrata. Bajo este escenario, en lugar de explotar su fortaleza, las fuerzas progresistas se colocarían en una posición de plena desventaja al acceder jugar en la cancha determinada por los adversarios.

Hasta la fecha, Andrés Manuel López Obrador es el único que ha sido capaz de articular un discurso consistente de renovación de la política nacional. Él, además, es el único que se ha preocupado por acercarse de manera sincera a las inquietudes ciudadanas al visitar todos y cada uno de los municipios del país.

Como cualquier ser humano, López Obrador no es perfecto. Puede disgustar a muchos su terquedad o falta de autocrítica. Pero comparado con los enanos que pueblan el escenario público de hoy, AMLO destaca como un verdadero dirigente.

Sólo si de forma milagrosa apareciera en los próximos meses algún nuevo líder social, los ciudadanos preocupados por el futuro del país tendrían que apoyar las aspiraciones presidenciales de López Obrador. No se trata de entregarse de manera acrítica al mesías tropical ni de estar de acuerdo con todas las posiciones y pronunciamientos del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal. Al contrario, habría que someter a López Obrador a la misma crítica exigente que él ejerce sobre los integrantes de la clase política, muchos de los cuales, por cierto, también participan en el mismo movimiento de AMLO.

México tiene la urgente necesidad de romper con décadas de presidentes mediocres y populistas. Tal como ocurrió hace 100 o 200 años, ha llegado la hora de que se articulen los liderazgos políticos y las inquietudes sociales. El programa que López Obrador presentó ayer en el Zócalo capitalino sin duda ofrece esperanzas para que podamos vivir otra transformación radical en el siglo XXI.

Los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que mantuvieron un ayuno de casi 90 días en el Zócalo capitalino y que se encontraban hospitalizados en el Centro Médico Siglo XXI decidieron este fin de semana solicitar sus altas, ante el maltrato y negligencia del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En un comunicado, la Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, instancias que asesoran a dichos trabajadores, exhortaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que dé seguimiento a la situación de salud de los electricistas y a los acuerdos alcanzados el jueves pasado entre el gobierno federal y el comité central del SME.

Lamentamos profundamente que a pesar del ofrecimiento hecho por el gobierno de brindar ayuda profesional para los huelguistas trabajadores en despido de LFC, el personal médico a cargo falte a su responsabilidad y al compromiso que la ética y la ley imponen en el ejercicio de su labor, dice el texto.

Miguel Ángel Ibarra, uno de los electricistas que estuvo casi 90 días en ayuno y que ingresó al hospital el viernes pasado, decidió, junto con otros de sus compañeros, tramitar su alta ante la negligencia e incluso las burlas de que ha sido objeto por parte del personal médico.

Para nosotros –señaló el mixteco Aurelio Maceda, del FIOB– el sistema es como una serpiente. Lo que pasó en la jornada electoral es un simple cambio de piel, que ahora tiene otro color. Nada más. No se derrota al sistema en las urnas.” Lo dijo en 2000. Lo reiteró este 5 de julio.

No ignoraba lo que se había conseguido. Tenía conciencia de que las elecciones de 2000 fueron el último clavo del ataúd del viejo régimen. No podrá regresar la presidencia imperial. Sus remedos estatales no podrán restaurar la estructura política del PRI-gobierno.

También sabía que el 4 de julio se rompió el espinazo de la organización mafiosa que subsistió en Oaxaca más allá de su vida útil. Era ya disfuncional hasta para algunos de sus beneficiarios –como las empresas privadas–. En los próximos meses Ulises Ruiz usará intensamente lo que queda de ella, para negociar impunidades, forzar la mano del nuevo gobierno y crearle tantos obstáculos como sea posible. Pero el dispositivo dejará de ser lo que era el 1º de diciembre. Aunque quisiera, Gabino Cué no podría gobernar con él. Tampoco podrá verlo como simple piedra en el zapato. Como todo cáncer, es una enfermedad del cuerpo social, no algo que se extirpa con cirugía. Sólo puede curarse desde abajo y con un prolongado empeño.

Aurelio expresó con claridad una conciencia ampliamente compartida en Oaxaca sobre el carácter del régimen político. Elenemigocomún.net acaba de recordar un documento de tiempos de Díaz Ordaz, localizado en el Archivo General de la Nación, en el cual se asentó el plan que se ha llevado puntualmente a la práctica: Gracias a la propaganda política podemos concebir un mundo dominado por una tiranía invisible que adopta la forma de un gobierno democrático. La mayoría de los oaxaqueños ha padecido esa tiranía, cada vez más visible para ellos. El disfraz democrático, incluida la alternancia, no los engaña.

Bien está que el gobernador electo anticipe iniciativas sobre el plebiscito y la revocación del mandato e insista en la transparencia, la rendición de cuentas y el fin de la impunidad. Pero incluso si se lograra emplear con éxito esos y otros instrumentos de la democracia participativa, no cambiará por ello el carácter del régimen político como estructura de dominación. No basta la alternancia. No bastaría tampoco el golpe de mano, como el que algunos soñaban en 2006, para instalar un gobierno popular sin el trámite electoral. Para crear posibilidades reales de vida democrática es preciso desmantelar los aparatos del Estado opresor. Y es esto, precisamente, lo que se está intentando desde abajo con la reivindicación autonómica en que están empeñados los pueblos de Oaxaca, cada vez mejor articulados a sus semejantes de otros estados y del exterior.

El régimen político, además, sigue siendo expresión y cobertura del régimen económico, de una forma de explotación capitalista cada vez más agresiva y destructora, que arrasa por igual con la naturaleza y el tejido social. Las luchas oaxaqueñas recientes expresan clara conciencia de esta dimensión. La mutación política que llevó de la lucha por la tierra a la defensa del territorio, como ejercicio de soberanía popular contra las agresiones del capital, ilustra apropiadamente el sentido de los empeños que vienen de abajo y no tuvieron expresión electoral.

La resaca de las celebraciones del 4 de julio cobra ya algunas víctimas, por el cinismo y falta de civilidad de los que se van, que utilizan procedimientos democráticos para obstaculizar los cambios democráticos; por la escasez de cuadros capacitados sin cola que les pisen o relaciones peligrosas; por la fragilidad de los instrumentos de la democracia formal ante la magnitud de los problemas existentes…

Al mismo tiempo, se abren alegremente paso iniciativas de base, llenas de imaginación. Unas se proponen reconquistar la ciudad de Oaxaca, que fue arrebatada a los ciudadanos y sufrió devastaciones sin cuento. Otras buscan reafirmar y llevar a una nueva etapa la autonomía pacientemente armada en los municipios indígenas, que en general pudieron resistir los intentos de desmantelarla pero sufren todo género de embates caciquiles y debilidades internas. Y así hasta el infinito.

El plazo para la transición, ahora ampliado, plantea inmensos riesgos, que se agravan por la fragilidad actual del régimen federal, en plena descomposición, y por los efectos cada vez más profundos de la crisis económica global.

Nada de eso, empero, empaña o restringe la decisión de la mayoría de los oaxaqueños de recuperar la esperanza como fuerza social, sin confundirla con las ilusiones engañosas de la religión electorera o el fundamentalismo democrático.

Cada que se presenta la ocasión –y no son pocas las oportunidades–, el discurso oficial resalta los grandes logros en materia educativa (todos, desde luego, producto de la genialidad del inquilino de Los Pinos en turno) y el sostenido avance en la materia, medido éste no por la calidad y alcance, sino por el volumen de alumnos supuestamente atendidos en un sistema escolar público cedido a y regenteado por la lideresa Elba Esther Gordillo a lo largo de los últimos cuatro sexenios a cambio de favores político-electorales.

Pasan los años, se incrementa el número de discursos y la calidad de la enseñanza en el país va de mal en peor, a pesar de los miles y miles de millones de pesos (la mayoría canalizados a nómina y otras menudencias extra educativas) que el gobierno dice inyectar a este bien público, uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz (Alonso Lujambio dixit), que juega un papel fundamental para el futuro de la nación. Elba Esther ha sobrevivido cuatro sexenios al hilo (de Salinas a Calderón), ha manejado a nueve secretarios de Educación Pública (el de Fox, Reyes Tamez Guerra, hoy diputado y líder de la bancada del partido político propiedad de la profesora) y ha impuesto récord de cacicazgo, que deja a sus antecesores (Carlos Jonguitud Barrios y Jesús Robles Martínez) como meros aprendices de grillos.

Mientras esa sea la norma de la educación pública en el país, el rezago será permanente y nada positivo obtendrá la nación. Por ello, vale tomar algunos pasajes del Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe 2010, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que pone sus ojos en este delicado asunto. Por ejemplo, destaca que el gobierno mexicano es heredero de una revolución social, pero no ha logrado enfrentar con éxito el problema de la desigualdad, que persiste por décadas independientemente de que el gasto social ha aumentado de manera constante en México desde 1990. En el contexto actual, el análisis de la desigualdad en este país requiere examinar las diferencias que se observan en materia de enseñanza, ya que la desigualdad que existe en ese ámbito incide en los niveles de ingreso y constituye uno de los principales mecanismos de la transmisión intergeneracional de la desigualdad.

A pesar de su reconocido valor como instrumento capaz de promover la igualdad de oportunidades de las personas, los logros mexicanos en el ámbito educativo han sido insuficientes en las últimas décadas. El problema no es la falta de recursos, sino la forma en que éstos se invierten. En muchos casos, el objetivo central del sistema de enseñanza parece ser evitar los conflictos con los maestros en lugar de promover las oportunidades educativas de la población. Por ejemplo, en México aún no se dispone de un padrón preciso de la nómina magisterial. Asimismo, en diversas entidades los pagos a los profesores todavía se realizan en efectivo, práctica que fomenta la corrupción y la falta de control administrativo. En este contexto, una mayor asignación de recursos no necesariamente representaría mejoras en la calidad educativa.

Los ejemplos que dan cuenta de la capacidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para obtener beneficios corporativos, independientemente de la calidad de los servicios prestados, son diversos. Los líderes del SNTE controlan la estructura que está encargada de supervisar el trabajo de sus agremiados e influyen en la distribución de gran parte de las prestaciones laborales. Además, el SNTE, a través de diversos mecanismos, ha logrado incidir en el proceso legislativo en pos de los intereses de la organización. La rigidez de la relación laboral reduce el margen disponible para exigir calidad en la prestación de los servicios educativos.

En México, el incremento del gasto en enseñanza contribuyó a ampliar la cobertura, pero el problema de la baja calidad persiste. De acuerdo con los resultados de estudios realizados por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México presenta un nivel de desempeño educativo muy bajo. Los datos muestran que sólo tres de cada mil estudiantes del grupo de 15 años de edad lograron obtener una puntuación superior al nivel avanzado (más de 625 puntos) en el examen de matemáticas, resultado muy desfavorable si se compara con los índices de desempeño observados en otras naciones como Corea, donde 182 de cada mil superaron el nivel avanzado, y Eslovaquia, donde 94 de cada mil alcanzaron ese índice. Incluso países menos desarrolladas que México obtuvieron mejores resultados, como es el caso de Tailandia, en el que 15 de cada mil superaron el nivel avanzado. Los datos presentados por PISA revelan que 38 por ciento de estudiantes mexicanos apenas alcanzaron el índice más bajo de desempeño en las pruebas realizadas, mientras 28 por ciento ni siquiera lo superó.

La ausencia de una cultura basada en el mérito, sumada a la gran influencia que ejerce el SNTE, hace que resulte muy difícil ejecutar los recursos públicos de forma eficiente en el campo educativo. Por otra parte, la población de menores ingresos no ha logrado hacer uso de su peso electoral para demandar mayor y mejor enseñanza, y las clases medias tampoco han mostrado suficiente interés en impulsar la calidad de la educación pública, muy posiblemente porque estas últimas pueden satisfacer sus necesidades educativas en el mercado privado.

Los datos disponibles para el caso de la enseñanza en México revelan que el fracaso de los programas orientados a disminuir la desigualdad educativa se debe, en cierta medida, a la captura de estos programas por los aparatos burocráticos y sindicales, así como al hecho de que estos grupos han sido tradicionalmente utilizados por los sucesivos gobiernos como instrumentos de control, en un proceso por el cual los agremiados obtienen beneficios particulares a cambio de lealtad política. Esto explica, a su vez, por qué los supuestos beneficiarios de los programas educativos (los alumnos y sus padres) tienen poca injerencia en las decisiones relativas al desarrollo de la enseñanza en ese país.

Entonces, los grandes logros y el sostenido avance ni de lejos han sido para la nación, y mientras se mantenga el orden de cosas sólo se puede esperar retroceso.

Las rebanadas del pastel

A estas alturas, bien a bien no se sabe quién ganó (Esparza, los electricistas, Blake), pero sin lugar a dudas ya se conoce quién perdió (el porro Lozano y su banda).

El acuerdo concretado la noche del jueves entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y las secretarías de Gobernación (SG) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), y el anuncio de la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel a partir del próximo lunes, conjura, en lo inmediato, la perspectiva indeseable de un desenlace negativo como consecuencia de la huelga de hambre que varios integrantes de ese sindicato mantenían desde hace meses.

Adicionalmente, el anuncio comentado pone punto final a una expresión de resistencia civil pacífica que, durante casi tres meses, congregó la solidaridad de amplias franjas de la sociedad y que, según puede verse, logró que el gobierno federal aceptara entablar un diálogo con la representación gremial. Lo anterior permite ponderar los alcances de un movimiento que, a nueve meses del asalto policial a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, ha sabido mantenerse en pie y ha dado muestras de responsabilidad y civilidad, a pesar de que sus integrantes fueron arrojados al desempleo colectivo y han sido objeto de calumnias, insidias y amagos represivos.

La injustificada prolongación de este conflicto y la complejidad que ha adquirido en meses recientes hace necesario un diálogo en el que prevalezca, ante todo, la voluntad política de lograr una solución. Es pertinente recordar, al respecto, que aunque el gobierno calderonista logró el desmantelamiento definitivo e irreversible de LFC mediante un decreto cuya legalidad fue avalada por el máximo tribunal del país, dicha resolución no atacó la existencia institucional del SME ni refrendó la extinción de la relación laboral entre éste y el organismo público disuelto. En ese sentido, los compromisos enunciados por la dirigencia gremial derivan de demandas pertinentes y atendibles, pues son reivindicados por una organización sindical vigente, regular y reconocida por las propias autoridades como interlocutor.

Ayer mismo, sin embargo, a menos de 24 horas de que se concretara el pacto, el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, señaló que en ningún momento se habló de una recontratación colectiva, y dijo que la toma de nota se otorgará si se satisfacen los requerimientos administrativos correspondientes. A reserva de los resultados de las negociaciones que se emprendan el próximo lunes, los señalamientos del titular del Trabajo debieran ser vistos como una señal de alerta para el SME y su entorno social de apoyo. En ese sentido, no puede pasarse por alto que la administración federal ha mostrado una actitud de intransigencia y de hostilidad hacia el sindicato y ha pretendido imponer una solución basada en los términos dictados por ella misma.

Con los elementos de juicio disponibles, resulta difícil discernir si el diálogo anunciado es un viraje en la postura hasta ahora inflexible del gobierno federal –y una derrota de la línea dura del calderonismo– o una forma de ganar tiempo y legitimar a las propias autoridades ante la opinión pública. Si esto resulta ser un engaño para conjurar la huelga de hambre y los costos políticos derivados de ésta, el gobierno federal –deficitario de legitimidad desde su origen– estaría enfrentando el riesgo de un descrédito mayúsculo ante el conjunto de la sociedad, y alimentaría la multiplicación de los enconos en el conflicto con el SME

Ante la cerrazón y la insensibilidad exhibidas por la actual administración desde el estallido del conflicto, es necesario que el diálogo anunciado no se quede en mero formalismo ni en un ejercicio de simulación, y se ponga en ella, en cambio, una voluntad efectiva por parte de los funcionarios calderonistas para negociar y dar solución a un problema que ellos mismos generaron. Por su parte, el SME y los sectores de la sociedad que lo acompañan tienen motivos de sobra para conducirse, en la presente coyuntura, con precaución y mesura.

Desde la época de Gandhi, la huelga de hambre ha sido el recurso extremo de la resistencia civil pacífica, pero goza de poca popularidad entre los luchadores sociales y no siempre ha resultado exitoso. El 5 de mayo de 1981, en una cárcel de Belfast, Bobby Sands murió al cabo de 66 días en ayuno exigiendo mejores condiciones para los presos políticos del Ejército Republicano Irlandés. Margaret Thatcher no se dejó conmover por el sacrificio de ese hombre que, tras las rejas, había sido electo miembro del parlamento.

En lo que va de este año, algunos disidentes presos en Cuba han recurrido en dos ocasiones a la huelga de hambre para lograr su excarcelación, con apoyo de los levantacejas al servicio del felipato, mismos que, desde luego, ignoraron, despreciaron e hicieron befa de la protesta iniciada en el Zócalo, 90 días atrás, por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, hasta que esta semana, la inminente agonía del ingeniero Cayetano Cabrera y de Miguel Ángel Ibarra capturó la atención del país y del mundo.

Antenoche, cuando parecía que era ya demasiado tarde, Martín Esparza, dirigente del SME, y el nuevo titular de Gobernación, Francisco Blablablake, lograron un principio de acuerdo para salvarles la vida: el reconocimiento, por parte de la Secretaría del Trabajo, del Comité Central del SME y de Esparza como secretario general, y la recontratación, en la Comisión Federal de Electricidad, de los electricistas despedidos de Luz y Fuerza del Centro. Como el gobierno (o lo que sea) de Calderón jamás ha cumplido su palabra, todavía tendremos que ver cuál será el desenlace.

Pero, por lo pronto, Cayetano y Miguel Ángel obtuvieron una victoria moral de dimensiones épicas, pues con su valor, abnegación y entereza derrotaron la soberbia, la sordera y el despotismo del usurpador y la mafia que lo rodea, así como la charlatanería de su aparato de propaganda. Con su decisión inquebrantable de irse de este mundo en calidad de héroes, doblaron a Calderón y pusieron al desnudo sus debilidades: a 58 días de la fiesta que los cursis de Los Pinos han denominado el cumpleaños de México –como si aquí sopláramos las velitas para recordar la noche en que el papá embarazó a la mamá y no el día en que la cigüeña trajo a la criatura–, el felipato tendrá que guardar las apariencias ante sus invitados.

Así lo captó, con gran agudeza, América del Valle, cuando en vísperas del fallo de la Suprema Corta sobre el caso Atenco pidió refugio en la embajada de Venezuela. Los magistrados liberaron a los presos políticos por órdenes de arriba, pues Calderón comprendió que si los mantenía encerrados podría enfrascarse en un conflicto internacional con Hugo Chávez. Por las mismas razones, ayer cedió ante el SME. ¿Cómo iba a recibir a Obama y Michelle, a don Juan Carlos y doña Sofía, a don Felipe y doña Letizia, a don Sarkozy y doña Carla Bruni, a doña Cristina y don Néstor, a don Zapatero y a don Rajoy, a Lula, a Evo, a Chávez, al camarada Pepe de Uruguay, a los dignatarios de Cuba y el resto del Caribe, a los fascistas de Chile, Colombia y Honduras, y a todos los jefes de Estado y de gobierno del mundo con un pueblo enlutado e indignado y quizá volcado a las barricadas por la muerte del ingeniero Cayetano Cabrera?

¿Será por eso que Calderón ahora hace llamados a la unidad nacional, diciendo que la guerra que él provocó ya no es guerra sino lucha y no de él sino de todos? ¿Será que quiere una tregua de aquí al 17 de septiembre, para que recojamos los platos rotos y adecentemos la casa a fin de atender como Dios manda a sus visitas? ¿O será que más bien nos está sugiriendo lo contrario? Por ejemplo, que tras las victorias de los campesinos de Atenco y los electricistas del SME –que supieron presionarlo de la manera adecuada para satisfacer sus legítimas demandas–, ahora toca el turno a otros actores sociales, para exigir justicia de verdad, aprovechando la cercanía de la patriótica pachanga.

¿Estallarán otras huelgas de hambre? ¿Llegarán perseguidos políticos de otras luchas a instalarse en las embajadas de España, Francia, Brasil, Venezuela y Argentina? ¿Convocarán los sindicatos a una verdadera huelga general para el 15 y 16 de septiembre? ¿Se integrará una coordinadora de movimientos de resistencia? ¿Se pondrán en acción los estudiantes? ¿Vendrán de nuevo los zapatistas? ¿Las circunstancias nos empujarán a conmemorar el inicio de las antiguas gestas libertadoras con el inicio de nuevas gestas libertadoras, a la altura de nuestro tiempo y de nuestras enormes necesidades?

Temas para exigirle justicia a Calderón, delante de sus visitas, abundan: por ejemplo, cárcel a todos los responsables de la muerte de 49 niños quemados en la guardería ABC de Sonora, desde Molinar Horcasitas hasta la prima de Margarita Zavala; juicio político a los 11 ministros de la Suprema Corta por haber aprobado una reducción a las pensiones de los jubilados con base en una ley que fue derogada hace años; cárcel a Ulises Ruiz por el asesinato de los militantes de la APPO y del periodista Brad Will; cárcel para el góber precioso por apoyar a pederastas y saquear Puebla; supresión del fuero de guerra para castigar a militares que maten a civiles inocentes; cumplimiento de los acuerdos de San Andrés; juicio de extradición para los agentes de la Patrulla Fronteriza que mataron a palos a un hombre y de un tiro en la frente a un niño, sin que estos crímenes merecieran al menos una nota de protesta ante Washington; libertad para todas las mujeres presas y condenadas a 30 años de reclusión por haber abortado en Guanajuato.

En el DF también tenemos demandas propias: alto a la construcción de la supervía de Ebrard; sí a la construcción de un sistema hidráulico para llevar agua a las delegaciones de Iztapalapa y Tláhuac desde la laguna natural de Xico; destitución del secretario de Seguridad Pública del DF, Manuel Mondragón y Kalb, por eliminar la presencia de la policía en Iztapalapa, a fin de dañar la imagen de Clara Brugada y restarle simpatizantes al movimiento de Andrés Manuel López Obrador en esa delegación y en el resto de la urbe.

¿Habrá llegado la hora de comenzar la segunda lucha de independencia y la tercera revolución mexicana (la primera, paradójicamente, fue la Reforma juarista) para levantar la cuarta república? Si bien, desde luego, nadie puede dar o posponer el banderazo de salida –pese a que mitos entrañables como el Grito de Dolores o el solitario levantamiento en armas de los hermanos Serdán en Puebla hagan parecer que los procesos históricos arrancan a partir de fechas exactas–, mañana, desde las 10 de la mañana, se congregarán en el Zócalo decenas de miles de personas venidas de todo el país para conocer el nuevo Proyecto Alternativo de Nación de un hombre profundamente convencido de que el cambio de política y de políticos todavía es posible a través de la lucha electoral.

Ante representantes de los ocho mil comités territoriales que ha organizado a lo ancho y a lo largo de México, Andrés Manuel López Obrador señalará a sus seguidores las nuevas tareas que habrán de emprender desde ahora y hasta los comicios de julio de 2012. El máximo dirigente opositor confirmará que tiene una sólida propuesta para encabezar un cambio de régimen pacífico, y coordinar la construcción de un nuevo país sobre las ruinas humeantes, putrefactas y ensangrentadas en que, desde 1982 hasta hoy, nos ha enterrado el salinismo. ¡Todos al Zócalo mañana!

PD: Esta noche, en Ruta 61 (Baja California casi esquina con Nuevo León, Condesa) tocarán Alejandro Fonzeca y su banda, máximos exponentes del blues en Monterrey. Si pueden, no se lo pierdan.

El pacto entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fue sellado en los últimos minutos del jueves con un apretón de manos y una foto entre el recién nombrado titular de la Secretaría de Gobernación (SG), José Francisco Blake Mora, y el dirigente del gremio, Martín Esparza, quien salió del despacho principal de Bucareli prácticamente con la toma de nota bajo el brazo para él y su grupo, con base en un acuerdo verbal de alto nivel hacia el reconocimiento oficial a su gestión.

Se entiende que Blake sólo transmitió una decisión del presidente Felipe Calderón. Y así se encargó de hacérselo saber a su interlocutor, pues justo al momento del avance en la negociación comunicó a los dirigentes sindicales la buena voluntad del mandatario para encontrar opciones de solución al conflicto que se ha prolongado más de nueve meses, luego de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

El problema laboral en el centro del país, que ha transitado por juzgados y llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encontró una vía de arreglo mediante un acuerdo político, del cual fue testigo el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien había estado sentado en una antesala del palacio de Covián, donde se afinó el avance.

El compromiso inicial del gobierno fue reconocer como dirigentes a las 26 personas que Esparza presentó como integrantes del comité central del SME.

De acuerdo con la versión que circuló tras esa reunión, el aporte de los sindicalistas fue el demandado por el nuevo funcionario: confíen en mí. Vine a resolver a nombre del Presidente de la República.

“Ellos, los funcionarios de Gobernación, nos dijeron: ‘démonos una señal de distensión’”, reveló un líder sindical presente en la sesión de casi seis horas, en cuya última parte, ya con la presencia de Lozano, se estampó en una hoja tamaño carta la firma de los funcionarios y el dirigente sindical.

En la formalidad del papel, tres puntos que significan reconocimientos sin precedente y compromisos mutuos. Y, en los mensajes verbales de ida y vuelta dichos durante las últimas horas de la noche del jueves, varios pactos sellados sólo con la palabra de honor.

En el terreno de la buena voluntad, se delineó el sí a la toma de nota a cambio de levantar la huelga de hambre que ayer habría cumplido 90 días.

A los funcionarios les interesaba que esa forma de protesta se levantara de inmediato, y así se plasmó en el punto dos del acuerdo escrito en una hoja membretada con el logotipo de la SG.

Es decir, evitar el agravamiento de la salud de los huelguistas y, en respuesta, se agilizarían los trámites para el reconocimiento a los líderes identificados con Esparza, la misma toma de nota que negó el año pasado la dependencia encabezada por Lozano.

Luego, con el cumplimiento de la palabra empeñada por ambas partes, con los guiños de la confianza mutua podrían estudiar, ahora sí, las propuestas centrales de los electricistas para obtener alguna forma de reinserción laboral.

Fueron casi seis horas de negociación. Primero, directa entre los líderes sindicales con Blake, quien recibió de los dirigentes una explicación fast track de su postura acerca del conflicto. El funcionario escuchó con atención y, en línea directa con el Presidente, manifestó su voluntad de encontrar opciones distintas a las que planteó su antecesor.

Pero a medio camino, justo minutos antes de las nueve de la noche, los representantes del SME consideraron que no habría ninguna novedad ni propuesta que acercara los intereses de ambas partes y decidieron retirarse de la mesa. Minutos después se les pidió esperar una contrapropuesta. Blake salió de Gobernación por poco menos de una hora y, al regreso, con el compromiso de agotar el tema de la toma de nota, empezó la recta final, que concluyó con el acuerdo de tres puntos.

Los funcionarios pidieron a Esparza ir de inmediato al Zócalo a empezar la urgente negociación solicitada, ahora con sus 14 compañeros en huelga de hambre.

Blake, el subsecretario de Gobierno, Roberto Gil, y el propio Lozano permanecieron en Bucareli. La orden presidencial era muy clara: asegurarse de que el ayuno colectivo sería levantado.

Así, con los reportes puntuales de los enviados de Gobernación al Zócalo, llegó la cena a Bucareli.

Esparza, en tanto, a unos cuantos kilómetros, hacía lo suyo, cumplía compromisos y distensaba. Los funcionarios pedían pormenores, fotos, audios, imágenes de los hechos difundidas en varios sitios de Internet. Pruebas de que los huelguistas, salvo Cayetano Cabrera, que optó por atención privada, ya estuvieran en manos de los médicos del Seguro Social.

Se levantó la huelga, informaron a Blake minutos después de las tres de la mañana. Una hora después, el secretario, oriundo de Baja California, abordó su camioneta y salió rumbo al hotel en que pernocta. La tarea estaba hecha.

Las alternativas de solución, las del papel membretado y las de buena voluntad que pidió Gobernación al SME estaban en marcha.